El gobierno italiano de Giorgia Meloni ha puesto en marcha la reclusión de solicitantes de asilo en dos centros de migrantes en el norte de Albania. Mientras la Justicia trata de frenar esta externalización de la acogida de migrantes, varios países y autoridades europeas ven con buenos ojos este nuevo plan de Meloni.
Shengjin es una ciudad costera del norte de Albania atravesada por el río Drin. Durante los tiempos del imperio otomano, su puerto tuvo una gran relevancia a nivel comercial. A unos 20 kilómetros de Shengjin, se encuentra Gjader, una pequeña localidad con poco más de 200 habitantes y una población de clase obrera. Ambas ciudades albanesas han sido escogidas por el gobierno de Giorgia Meloni para abrir dos polémicos centros de migrantes. Con esta medida, Italia sigue los pasos del plan Ruanda de Reino Unido para cumplir su objetivo de externalizar su política migratoria.
Infraestructuras y coste de los centros
El centro de Shengjin es el primero al que acudirán todos los migrantes que intenten llegar por vía irregular a Italia. En estas instalaciones de 3.500 metros cuadrados con capacidad para 200 personas, los recién llegados serán identificados y se les hará un control sanitario. No obstante, esos migrantes no pasan la noche en Shengjin y son trasladados a Gjader.
En este segundo centro, los migrantes permanecen recluidos en módulos prefabricados de 4 metros de largo por 3 de ancho. El complejo de Gjader cuenta con una superficie de 70.000 metros cuadrados, muros de 5 metros de altura y un equipo de vigilancia compuesto por drones y efectivos del Ejército o los Carabinieri italianos. De las 880 plazas previstas para el centro, solo hay 400 útiles. 144 de esas plazas forman parte de un centro de detención para migrantes retornados y otras 20 son de una cárcel interna.
La construcción de ambos centros ha propiciado una inversión pública de 800 millones de euros. Además, el traslado de un solo migrante supone un gasto de 18.000 euros de las arcas públicas. “Todo el dinero que está invirtiendo Italia en estos centros sería mejor que se empleara en reformar el sistema de acogida en la propia Italia”, sostiene Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional.
Estancia de los migrantes en los centros y requisitos de acceso
Los migrantes que lleguen al centro de Gjader permanecerán un máximo de 28 días en estas instalaciones. Esos migrantes no podrán abandonar en ningún momento del día este recinto. Permanecerán retenidos en Gjader hasta que las autoridades italianas resuelvan sus expedientes. Una resolución favorable permitirá a los migrantes enviar una solicitud de asilo. En cambio, un expediente desfavorable supondrá una deportación inmediata.
Italia y Albania han acordado que podrán llegar a los centros un máximo de 3.000 migrantes al mes. Los migrantes autorizados a llegar a estos centros deben ser hombres, mayores de edad y procedentes de “un país seguro”. Las mujeres, los menores de edad y las personas en situación de vulnerabilidad no serán enviados a Albania.
Un primer intento fallido
El pasado 16 de octubre, 16 migrantes (10 bangladesíes y 6 egipcios) llegaron a bordo del buque Libra del ejército italiano al litoral de Shengjin. Varias organizaciones contrarias a las políticas migratorias de Meloni se manifestaron en el puerto y corearon lemas como “Aquí se acaba el sueño europeo”. Sin embargo, 24 horas después, cuatro de esos migrantes tuvieron que regresar a Italia. Dos de ellos eran menores de edad y otros dos fueron declarados en situación de vulnerabilidad.
El 18 de octubre, el Tribunal de Roma decretó que los otros 12 migrantes retenidos en Albania debían regresar al país transalpino. “Esta decisión se basa en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mismo mes de octubre. El TJUE recortó de manera drástica la lista de países que se podían considerar seguros y a cuyos ciudadanos Italia podía aplicar este protocolo rápido de acogida y expulsión en Albania”, explica de las Heras. Concretamente, la Corte europea dejó de considerar como países seguros para el retorno de los migrantes a Egipto y Bangladesh.
¿Por qué Egipto y Bangladesh no pueden ser considerados países seguros?
“En Egipto, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de la libertad de expresión, la aplicación de la pena de muerte o la existencia de detenciones arbitrarias de refugiados afganos, sirios o del África Subsahariana”, recuerda Carlos de las Heras. Además, el propio de las Heras también explica que Bangladesh es un país en el que hay un aumento de “las torturas y malos tratos ejercidos por las fuerzas de seguridad”.
A pesar de ello, Giorgia Meloni ha decidido desafiar a la Justicia europea. Tres días después de la decisión del Tribunal de Roma, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto para cambiar los criterios que definen lo que es un “país seguro”. Ante este último movimiento, los jueces del Tribunal de Bolonia han decidido llevar este decreto ante la Justicia europea.
Meloni gana adeptos en la UE
Tras la puesta en marcha del modelo de Giorgia Meloni, la propia dirigente italiana organizó una reunión previa al Consejo Europeo del 17 de octubre para proponer un endurecimiento de las políticas de asilo y deportación. Además, Meloni sostiene que “muchos países observan las políticas migratorias que Italia está llevando a cabo en los últimos días”.
Entre los asistentes a esa reunión figura Países Bajos, que está planteando imitar el modelo italiano con el envío de sus solicitantes de asilo a Uganda. Otro de los principales instigadores de esta reunión es el gobierno socialdemócrata de Dinamarca. El país nórdico ha endurecido los requisitos para solicitar asilo y ha implementado múltiples programas para aumentar las deportaciones. Polonia, Hungría, Malta o Grecia también se encuentran entre los países que asistieron a esta cumbre convocada por Meloni.
Ursula von der Leyen y sus “soluciones innovadoras”
Pero, la presencia más llamativa de esta reunión fue la de Ursula von der Leyen. El pasado 15 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea envió una carta a los estados miembros de la UE en la que propuso “explorar la creación de estos centros de retorno”. Von der Leyen insiste en que los países de la UE deben “extraer lecciones” del acuerdo entre Italia y Albania, y explorar “soluciones innovadoras” para frenar la inmigración.
Carlos de las Heras recalca que “los mensajes que transmite la ultraderecha en Europa están calando, ya no solo en la opinión pública europea, sino también en las propias autoridades”. Asimismo, otra de las medidas que plantea von der Leyen es acelerar la aplicación del pacto de asilo europeo, que no entrará en vigor hasta 2026. Según Carlos de las Heras, “el pacto amenaza con someter a personas refugiadas e inmigrantes a detenciones arbitrarias en las fronteras o a negarles una evaluación completa de su necesidad de protección. Además, abre la puerta a poner a las personas en peligro de ser objeto de devoluciones sumarias”.
Precedente en Reino Unido
Italia no es el único país europeo que ha apostado por este tipo de políticas. El Parlamento británico aprobó en abril de 2022 el plan Ruanda. Esta estrategia consistía en la deportación a este país centroafricano de los migrantes que accediesen por vía irregular a Reino Unido. Los migrantes debían permanecer en Ruanda hasta que sus solicitudes de asilo fuesen resueltas y tenían prohibido el regreso a Reino Unido.
Pero, finalmente, esta estrategia migratoria del Reino Unido no acabó poniéndose en práctica. “El programa se desplomó por dos cuestiones. Primero, el Tribunal Supremo Británico ilegalizó el plan en 2023. Además, tras las últimas elecciones en Reino Unido, el nuevo primer ministro (Keir Starmer) declaró que ese proyecto quedaba cerrado”, resalta Carlos de las Heras.
No obstante, el responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional recuerda que “el recién elegido primer ministro británico visitó Italia en septiembre y se reunió con Giorgia Meloni para hablar de la gestión de la migración. Allí, Keir Starmer declaró que no veía mal este acuerdo entre Italia y Albania.”
Los pactos de la Unión Europea
La Unión Europea también está implementando una serie de planes para delegar su control fronterizo. Un ejemplo de estas medidas es el pacto urdido entre Túnez y la UE. “En julio de 2023, la Unión Europea firmó un memorando de entendimiento con las autoridades tunecinas con el fin de proporcionar un apoyo económico y técnico a Túnez para desincentivar la migración hacia Europa. Al mismo tiempo que se firmaba este acuerdo, las autoridades tunecinas estaban dejando a cientos de personas, incluidas menores de edad, atrapadas en zonas desérticas de la frontera de Túnez sin agua, alimentos o refugio”, explica Carlos de Las Heras.
Además, de las Heras afirma que, con estos acuerdos, la Unión Europea es “cómplice de los abusos que puedan ser objeto estas personas refugiadas. Al poner el foco en la contención de la migración y la delegación del control fronterizo, lo que está haciendo la Unión Europea es no garantizar rutas legales y seguras para aquellas personas que huyen de conflictos armados o la pobreza”.
