La Constitución, que cumple 45 años, sigue rigiendo per se como un axioma incuestionable
Los españoles, o al menos un servidor, deben aburrirse de balbucear y dirimir siempre mediante el uso de una palabra rimbombante: «Constitución». Aderezada de ‘democracia’ o ‘libertad’, este término suele acuñarse a cuestiones arbitrarias, aunque el objetivo de la Constitución Española no es otro que fagocitar todo lo que no esté reflejado en ella y ser lo opuesto a la arbitrariedad. Miren si la paradoja es amplia que algunos osados capitalistas concluyen que «fuera de la Constitución no hay democracia». En la otra cara de la moneda están aquellos que quieren abolirla, sistemáticamente conocidos como los revolucionaros freelance.
Unas normas asiladas de hace ya medio siglo siguen desembocando en problemas. El 15 de junio de 1977, las formaciones republicanas no pudieron presentarse a las elecciones generales (permanecían ilegalizadas), por lo que las primeras tras el paréntesis franquista no fueron legitimadas. Estaba ilegalizado todo aquello que conllevara perpetuar en los advenimientos de la futura monarquía en España (tal y como quería Francisco Franco). Por esto mismo, ningún partido político que apoyara la República pudo ser elegido a Cortes Generales, vaciando así las dos cámaras (Congreso y Senado) de republicanos.
A posteriori de esto, con un Parlamento de ideas muy concentradas y sin ‘la alternativa’ republicana, pervivió el franquismo sociológico de Alianza Popular y de su acérrimo líder Manuel Fraga. La principal Cámara política contenía 16 diputados de AP (Alianza Popular). Acción Republicana o Esquerra Republicana de Catalunya permanecieron ilegalizados hasta dos semanas posteriores a la celebración de las elecciones. Izquierda Unida no pudo formalizar su situación hasta el mes de noviembre. Desembocamos, pues, en una ilegitimidad al borde del abismo, con una Constitución que votó un Parlamento incompleto y antidemocrático, ya que excluyó unilateralmente la posibilidad de que los republicanos pudieran recibir votos del pueblo.
Una gran cuña de españoles, que se sentían identificados y arraigados a las políticas republicanas y que, gracias a la democracia en su esencia, no tenían por qué mantener a un monarca si no lo habían escogido libremente, no tuvieron voz ni voto. He ahí uno de los errores clamorosos de la Transición. Fíjense ustedes lo inaudito de todo esto: se sufraga la Constitución sin parte de los españoles y queremos que todos se sientan incluidos. Así no puede ser. Con ese precedente histórico, los desenlaces fatales del mundo actual tienen mayor punto de mira. Quizá con los republicanos existiría la posibilidad de referéndum vinculante por mayoría, algo más directo y democrático que lo que se recoge en el Artículo 92 de la Constitución: «referéndum consultivo que puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia».
Si bien España está inmersa en un ambiente de crispación constante, con radicalismos por las calles, populismo en las redes sociales, inconsistencia en los discursos políticos, y odio masificado, de qué serviría realizar un referéndum consultivo y de qué manera se podría dictaminar si el procés o la amnistía son decisiones políticas de especial trascendencia. A esto quiero llegar, quizá al Estado español le falta democracia y le sobra demagogia; quizá el pueblo necesite más potestad y mayor fuerza de decisión, pero eso se debería recoger en el texto jurídico-político que nos ataña, no en un artículo de un joven estudiante en un medio digital de noticias.
El epicentro del problema en Cataluña reside en que si nuestra Constitución recogiera el derecho por democracia a un referéndum vinculante de autodeterminación, tanto los catalanes como los vascos habrían decidido libremente. Y podrían formar parte de la nación o no hacerlo, pero habría democracia. Y he ahí el quid de la cuestión. Sin proporcionarle a esos pueblos la posibilidad de independizarse, es totalmente normal que existan manifestaciones, intentos forzados y desesperados o mensajes claros y simbología. Si me permiten sincerarme, cuando veo a tanta gente movilizada con banderas de España, afirmando y defendiendo acérrimamente la unidad, sin diálogo, sin posibilidad de cambio, sin apertura a nuevas ideas, me siento abatido.
Nuestras leyes regidoras comienzan así en el Artículo segundo: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…» ¿Hay aquí democracia? Una región, si por mayoría lo considera, debería poder amparar su derecho a referéndum de autodeterminación en una ley oficial y recogida en nuestra Constitución, pero no la hay. En Escocia se votó por la independencia hace 9 años, salió por leve mayoría el ‘no’ y el país escocés sigue formando parte del Reino Unido. Cuando Isabel Díaz Ayuso, especialista en tergiversar y popularizar ideas que se caen por sí solas, reiteraba que en la Comunidad de Madrid ustedes habían de escoger entre «Comunismo o libertad», ¿ahí sí había democracia?
José María Aznar y Jordi Pujol, gracias al Pacto del Majestic, alcanzaron un acuerdo similar al que han alcanzado Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El Partido Popular cedía y daba competencias a Cataluña a cambio de apoyo (transformado en escaños) para poder gobernar durante su legislatura. ¿Aquí había democracia? Digo yo que, sentadas las bases y analizando de dónde viene España, con un resquicio de democracia pura en el período de 1933-1936 durante la II República (años en los que se consiguió algo tan simple y vital como que las mujeres votaran en España), España debería ser consecuente y cerciorarse de que nuestra Constitución tiene muchas cavas.
En la España de las improntas, con un jefe de Estado sustentado por procesos hereditarios y misóginos (amparándome al Artículo 57.1 de nuestra Constitución: «siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer«), con la tauromaquia siendo ‘espectáculo’ nacional (diversificando el maltrato animal), con la imposibilidad de avanzar legislativamente (parece que nadie se cuestiona nada, mientras que nuestra Constitución, heredera del tardofranquismo sociológico, sigue pareciendo un ‘arreglo’ rudimentario y ya tiene casi medio siglo) y con la emergencia constante de dilemas vacíos y sin sentido como que «Pedro Sánchez es un dictador», nada se puede hacer.
Si me permiten socavar en una última idea para poner el colofón a mi humilde pensamiento, esto dijo Pi y Margall, republicano federal del siglo XIX, tras el ‘desastre de 1898’: «libre autodeterminación de los pueblos y regeneración ciudadana mediante la educación, la cultura y el trabajo». Sin aperturismo, diálogo, entendimiento, democracia en su significado y leyes aderezadas y adaptadas a nuestros tiempos corrientes, todo es más difícil. Pensar que España cambiará es tarea de soñadores, de poetas o de distópicos pensadores.
