España, potencia mundial en la exportación de armas

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España se sitúa en el top 7 de países que más armas exportan al extranjero. ¿Por qué? ¿cómo? Una importante demanda en La Haya ya puso en duda la licitud de nuestro éxito

Una vez más, España se encuentra entre los países que más armas exportan al resto del mundo. Durante el primer semestre del pasado 2020, la autorización de exportaciones de armas llegó a los 22.544,8 millones de euros, según recoge La Vanguardia. Esto supuso un incremento muy notable en comparación con los años anteriores. Sin embargo, España ya lleva una década apareciendo en el top 10 del ranking mundial sobre mayores exportadores de armas. En el período que va desde el 2015 al 2019, ocupamos el séptimo lugar del ranking, solo por detrás de grandes potencias mundiales como son EE. UU, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido.

Durante la última década, España ha incrementado en casi un 300% la exportación de armas. Como sostienen El Salto y los informes del Centre Delàs, la “espiral de la violencia” comenzó con la crisis del 2008 y continuó con el apoyo a la industria armamentística por parte del ministro de Defensa del Gobierno del PP, Pedro Morenés, quien optó por el abaratamiento de los costes de producción para la mejora de la competitividad internacional.

Sin embargo, todos los gobiernos que han pasado hasta ahora por Moncloa han llevado a cabo una política similar en lo respectivo a esta cuestión. PP y PSOE han visto en la disminución de los costes de producción un camino para hacer fuerte a España en el mercado internacional. Hasta tal punto lo han conseguido que el aumento de las exportaciones en España en el 2019 fue del 8,7%. La media planetaria del aumento tan solo fue del 0,1%.

Empresas armamentísticas

Grandes empresas de la industria armamentística han recibido importantes subvenciones y préstamos ventajosos. Un ejemplo es Expal, cuyo consejero es Rafael Bardají, estratega de redes y comunicación de Vox. Esta empresa, parte de la matriz española Maxam, ha recibido desde el 2016 más de 250.000 euros en subvenciones procedentes de las juntas de Castilla y León y Extremadura. También recibió más de cinco millones en préstamos ventajosos por parte de organismos dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Bombas de racimo. | Fuente: The San Diego Union-Tribune

 

Además, resulta llamativo que Expal se haya lucrado muy considerablemente de la venta de las llamadas bombas de racimo, prohibidas por una ley internacional del 2010 (hija del Acuerdo de Oslo del 2008). Dicha bomba fue considerada arma destrucción masiva debido al daño indiscriminado que puede implicar sobre la población. Según apunta un informe del Centre Delàs, Expal suministra frecuentemente a los ejércitos de Turquía e Israel, ambos polémicos en sus acciones contra la población kurda y la palestina, respectivamente.

Sin embargo, Expal ya había estado antes en el centro de la polémica. Por ejemplo, cuando fueron el foco de una investigación en el 1984 proveniente de Naciones Unidas con motivo de la guerra entre Irak e Irán. El uso iraquí de gas mostaza en carcasas fabricadas por la empresa española no pasó desapercibido.

Países receptores

El arsenal que más exporta el sector armamentístico español, en parte sostenido por organismos estatales y en parte financiado por los bancos (BBVA y Santander financian casi el 60% de este sector), se conforma de aeronaves militares, buques de guerra, bombas, cohetes y misiles.

No obstante, lo que más interesa no es el qué sino a quién. La mayoría del armamento (66,4%) recae en las manos de países pertenecientes a la UE. Aunque a nivel internacional lo que más preocupa es el 27,3% que termina en países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur. Y, sobre todo, el 6,3% destinado a países de Oriente Medio. Es precisamente en este último porcentaje donde se sitúa el punto más caliente del debate.

La polémica de Arabia Saudí

Protestas en Yemen. | Fuente: (elEconomista.es)

Seis organizaciones de derechos humanos presentaron en el 2019 una demanda conjunta contra empresas, funcionarios y cargos públicos europeos que autorizaron la venta de material armamentístico a Arabia Saudí para su utilización en la salvaje guerra de Yemen. Según Jordi Calvo, integrante del Centre Delás (una de las organizaciones demandantes), es de dominio público la violación de los derechos humanos que ha estado llevando a cabo el ejército saudita contra la población civil yemení. Entre estas vulneraciones de los derechos humanos se encontrarían numerosos ataques aéreos contra población civil efectuados, presuntamente, por material de guerra fabricado en España.

Mientras que muchos países europeos, Alemania entre otros, se niegan a comerciar en materia de armas con Arabia Saudí, España facturó en el primer semestre del año pasado 32 millones de euros gracias a sus negocios con los sauditas. La Vanguardia asegura que el país de la península arábiga sigue siendo uno de los principales compradores de armamento español.

Para atajar la polémica, el pasado mes de abril el Gobierno español se comprometió mediante un nuevo reglamento a verificar en determinados países y en determinadas circunstancias, que las armas vendidas no impliquen la violación de los derechos humanos. Esto, claro, «siempre que sea posible». Varias oenegés, entre ellas la de Jordi Calvo, se han quejado de que hacer esas de este compromiso. Denuncian que hacer comprobaciones, especialmente en territorios de guerra, es esencialmente imposible.

Evidentemente, Arabia Saudí no es el único país de métodos cuestionables que recibe armamento fabricado en España. También lo hacen Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Brasil, Colombia o Filipinas. Y en todos estos países existen conflictos armados protagonizados tanto por actores estatales como por no estatales o informales. Entonces, resultaría lógico pensar que en muchos de estos conflictos se están utilizando armas fabricadas en España para atentar contra los derechos de dignidad “iguales e inalienables” correspondientes a todos los seres humanos.

Con motivo de la comprensible incapacidad para saber dónde terminan las armas que fabricamos y para qué se utilizan, se ha establecido un encendido (aunque silencioso) debate. Quizás así termine por poner en entredicho la legitimidad de una industria dedicada a la creación de material intrínsecamente destinado a la violencia.

Claro que no se puede incurrir en el error de confundir la violencia con la defensa y la seguridad. La abismal diferencia entre estos tres términos es, evidentemente, que los dos últimos funcionan como perfectos eufemismos del primero.

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