Las claves para entender la primera y gran reforma laboral, marcada por las negociaciones a varias bandas, por las erratas y por el diálogo social
A dos semanas de la ratificación de la nueva reforma laboral 2022, Yolanda Díaz -la Ministra de Trabajo- lucha por sacar adelante una reforma que no complace a ningún bloque político, mientras Bruselas exige requisitos a España para entrar en el Plan de Recuperación.
¿Qué ha pasado con la reforma laboral?
La Unión Europea le exigió a España una reforma laboral para 2022, principalmente motivada por la reunión de requisitos a transferir en el segundo tramo de los fondos Next Generation y mejorar la precaria situación de los trabajadores españoles.
El pasado 23 de diciembre de 2021, tras meses de negociaciones, se acordó entre el Gobierno, sindicatos (CCOO y UGT) , y patronal (organizaciones empresariales de CEOE y CEPYME), una reforma de la estructura del mercado laboral español.
El 30 de diciembre de 2021 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la nueva reforma laboral 2022: esto supondría la introducción de una serie de medidas urgentes que afectarán al mercado laboral.
El 31 de diciembre de 2021 la norma de este nuevo Real Decreto-Ley 32/2021 entraba en vigor, aunque habrá varias materias que no entrarán en vigor hasta dentro de tres meses.
Sin embargo, el paso definitivo para la convalidación será su presentación ante el Consejo de Ministros el próximo 3 de febrero. Pero, ¿por qué sigue habiendo tanto revuelo en torno a la reforma ya en vigor?
Yolanda Díaz negocia a varias bandas y “corrige” errores
Desde ese final de año, el Gobierno busca la convalidación y apoyos necesarios para presentar la reforma ante el Consejo de Ministros. Aunque, para variar, se ha encontrado con la disconformidad de los otros partidos.
La ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, lucha por sacar adelante la reforma y busca los escaños necesarios a través de la negociación con los diferentes socios.
Busca la aprobación de ERC, EH BILDU y PNV para salvar la reforma. Sin embargo, estas formaciones reclaman cambios tras sus amenazas de abandonar las negociaciones. Esta intimidación se debe al diálogo entre PSOE y Ciudadanos, un acercamiento que no ha gustado al bloque progresista.
Deriva así en una constante batalla entre los potenciales apoyos y el PSOE.
Yolanda Díaz decide introducir nada más y nada menos que 15 cambios, aprovechando el parón que se ha hecho para perfeccionar las erratas del texto. Gracias a la posibilidad de modificaciones que permite el BOE y la Ley de nacionalización del banco malo Sareb.
Desde el Ministerio de Trabajo explican que estas modificaciones a la nueva reforma se deben a la posible interpretación errónea de la normativa, se trata entonces de un fallo de transcripción y redacción. Antonio Garamendi -presidente de la CEOE- sobre los quince puntos, ha comentado lo siguiente:
“Las estudiaremos, pero parece más una chapuza en el texto inicial que otra cosa”
Sin embargo, el Ejecutivo no piensa negociar las contraprestaciones por un voto afable de los socios de investidura, es firme en ello. Con todo, se muestran positivos ante el potencial éxito de la convalidación.
Si la nueva norma no logrará salir adelante con la aprobación necesaria, se volvería a la normativa establecida por el PP en 2012. Por otro lado, el Gobierno se encontraría con el descontento de Bruselas, que ya había pactado por la reforma del mercado laboral español.
¿Por qué ahora?
La reforma pretende satisfacer dos objetivos: Cumplir con los requisitos del plan New Generation y transformar el mercado laboral.
El plan Next Generation EU es un fondo masivo para la recuperación económica y social de la Unión Europea tras ser golpeada por la pandemia de COVID-19. Se distribuirá a través de los presupuestos Generales del Estado cuando la Comisión Europea dé el visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
España recibirá aproximadamente un total de 140.000 millones de euros. Estos fondos podrán ser solicitados por aquellos sectores de la economía española que puedan ser susceptibles de ser beneficiarios.
La reforma tiene como objetivo reducir la temporalidad y la precariedad en el empleo español. Busca establecer nuevos y más flexibles mecanismos para el empleo para así conseguir una transformación de las modalidades contractuales.
Los 4 pilares de la disfuncionalidad con los que la reforma pretender acabar son:
-En primer lugar, con las altas tasas de desempleo.
-Además, con la precariedad, desincentivando los contratos temporales.
-También con el despido en exceso. Esto ha sido motivado por la aplicación de los ERTES en masa durante la pandemia.
-Y, por último, con la incertidumbre vivida entre los trabajadores por el desempleo y malas condicione de trabajo.
¿Qué cambios introduce?
-Sobre el despido improcedente: Indemnización, tope de cuantía máxima y salarios de tramitación. Se mantendrá la reforma de Mariano Rajoy R.D.Ley 2/2012.
-Habrá una nueva regulación del ERTE. Se establece el nuevo mecanismo “RED” de flexibilidad y estabilidad en el empleo. El Covid-19 como musa de la norma, se modifica la regulación de los ERTE, se permite -con la activación por parte del Consejo de Ministros- la reducción de jornada y suspensión de contratos. También se incluyen regulaciones de los beneficios de cotización para ERTEs. Aquí puedes leer con más profunidad cómo funciona el mecanismo RED
-Se incluirán fondos de financiación o exenciones a la Seguridad Social.
-En cuanto al contrato a tiempo parcial, se extienden los contratos a tiempo parcial a la formación y el aprendizaje. Existirán dos tipos de contratos temporales: Estructural (por sustitución o circunstancias de la producción) y formativo.
-Lo que conocíamos por contrato de obra (o servicio) e interinidad se redefine respectivamente como “Contrato por circunstancias de la producción” y “para la sustitución del trabajador”.
-Habrá multas de hasta 10.000 euros para las empresas por aquellos contratos temporales que sean irregulares.
Respecto a los contratos formativos, se rediseñan favoreciendo a la conciliación entre la actividad laboral y la propia formación. Además la duración máxima para las prácticas profesionales será de un año, y estará regulada según los niveles de estudio.
Habrá dos modalidades:
-Formación en alternancia. Cualquier edad. La remuneración nunca será inferior al Salario Mínimo Interprofesional, siempre proporcional a la jornada.
Y para la obtención de la práctica profesional. Se da hasta 3 años después de la certificación y tienen una duración entre meses y un año.
Ahora, solo queda esperar a la reunión de apoyos necesarios y esperar una conciliación de la polarizada política antes de la fecha límite que Bruselas espera.
