Este 23 de julio se cumple un año de las elecciones generales que dieron el poder al PSOE
El 23 de julio de 2023, los españoles acudían a las urnas a propósito de unas elecciones generales anticipadas. El presidente saliente, Pedro Sánchez, trataba de frenar al Partido Popular, crecido después de las elecciones autonómicas de mayo. En efecto, la mayoría de las encuestas pronosticaban una victoria clara del PP, rozando la mayoría absoluta.
El escrutinio, no obstante, dejaba a Alberto Núñez Feijóo a casi 40 escaños de la mayoría absoluta. El PSOE quedaba en la segunda plaza, pero lograría articular una controvertida mayoría parlamentaria. El apoyo de Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, concentraría el mayor punto de polémica.
La amnistía a cambio de la investidura
Junts exigió desde un primer momento la aprobación de una Ley de Amnistía para conceder sus siete ‘síes’ a Pedro Sánchez. Los socialistas no tuvieron más remedio que ceder, pues el voto negativo del partido independentista habría abocado al país al bloqueo. Así, en noviembre de 2023, y tras una investidura fallida de Feijóo en septiembre, el Congreso invistió presidente a Sánchez con el ‘sí’ de todos los grupos salvo PP, Vox y UPN.
El tira y afloja entre el PSOE y Junts se extendió durante meses. Los límites de la amnistía para los implicados en el procés (los socialistas se resistían a incluir a los acusados por terrorismo bajo el paraguas de la amnistía) enfrentaron a las dos formaciones. Al fin, el 30 de mayo, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía con 177 votos a favor y 172 en contra.
La amnistía ha llegado solo en las últimas semanas al plano judicial. Desde su publicación en el BOE a mediados de junio, los primeros implicados en el procés se han beneficiado de la remisión de sus acusaciones. Todavía no se ha aplicado a ningún líder político, aunque en los últimos días el Supremo ha anulado la investigación a Tsunami por terrorismo, lo que podría allanar el camino para la amnistía de líderes como Puigdemont o Marta Rovira.
La guerra en Gaza y el reconocimiento de España
El conflicto entre Israel y Gaza ha marcado el escenario internacional en los últimos doce meses. La franja volvió al centro de la actualidad a razón de los atentados del 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista Hamás. El apoyo a Palestina, emergido en un primer momento en el plano social, empezó a arribar poco a poco a la clase política.
El gobierno de España ofreció un apoyo más vago a Israel que sus socios de la OTAN. En mayo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llegó a apoyar la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de detener al presidente israelí, Benjamin Netanyahu. Pocos días después, el 28 de mayo, España confirmó su reconocimiento internacional a Palestina.
El reconocimiento de España abrió la puerta a acciones similares por parte de varios países europeos. El mismo día, en coordinación con el gobierno de Sánchez, Irlanda y Noruega confirmaron su reconocimiento al estado palestino. El 4 de junio, Eslovenia hizo lo propio, y el 21 de junio, Armenia se sumó a ellos.
Pedro y Begoña contra el mundo
La investigación judicial contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha capitalizado las críticas al gobierno durante los últimos meses. La noticia, desvelada en exclusiva por el diario El Confidencial, puso a Pedro Sánchez en una posición comprometida. Tan fue así que el presidente amagó con dimitir, arremetiendo contra las «máquinas de fango» representadas por los medios de comunicación. A finales de abril, sin embargo, Sánchez desveló en una declaración institucional su decisión de seguir al frente del país.
La no renuncia de Sánchez tras cinco días de reflexión le sirvió para frenar una sangría constante en las encuestas (aun así, los socialistas perderían las elecciones europeas del 9 de junio). Sin embargo, ello no pausó la investigación del juez Peinado sobre Begoña Gómez, acusada de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
En definitiva, el juez estudia si Gómez se ha aprovechado de su posición desde que su esposo llegó a la presidencia del gobierno. El ‘caso Begoña’ logró desviar la atención del ‘caso Koldo’, el asesor de José Luis Ábalos implicado en contrataciones irregulares con empresas de mascarillas durante la pandemia. El PSOE acabó suspendiendo de militancia a Ábalos, pues el exministro de Transportes rechazó entregar el acta de diputado, como le había requerido el partido.
Un país sin presupuestos
En las primeras semanas posteriores a la investidura, el gobierno de Sánchez decidió no presentar los Presupuestos Generales del Estado en 2024, prorrogando las cuentas del ejercicio previo. El ejecutivo se justificó con la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante la ley de presupuestos (recuérdese que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado). Se trató, aun así, de una decisión anómala por parte de un gobierno central.
Pese a ello, el gobierno ha prorrogado algunas medidas del conocido como escudo social. Entre las más recientes, el ejecutivo ha suspendido el IVA del aceite de oliva, a fin de disminuir su precio. Asimismo, ha renovado el programa de transportes Verano Joven por segundo año consecutivo. Por otra parte, el gobierno ha iniciado la retirada gradual de las reducciones de los impuestos ligados al consumo energético.
Las relaciones con la oposición
Todo ello, en un clima de progresiva distensión entre el PSOE y el PP. La legislatura inició de forma turbulenta a causa de la amnistía, pero los dos principales partidos han logrado cerrar algunos acuerdos. En febrero, PP y PSOE acordaron la supresión del término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución. La votación salió adelante con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
En junio, PP y PSOE pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de cinco años caducado. Se necesitó incluso la mediación de la Comisión Europea para encontrar un acuerdo, pues las desavenencias entre los dos partidos habían alcanzado cotas muy altas. El largo impase provocó el paso de tres presidentes del CGPJ en apenas dos años (Carlos Lesmes, Rafael Mozo y Vicente Guilarte).
La renovación del CGPJ llegó de la mano de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la cual los partidos pretendían «poner fin a la politización de la justicia». Con esta reforma, el nuevo Fiscal General del Estado no podrá haber ejercido actividades políticas en los cinco años anteriores. Además, la presidencia del Tribunal Supremo dependerá de forma exclusiva de los vocales del CGPJ.
