Pese a que los procesados se opusieron pacíficamente, tanto la Fiscalía como el banco dueño de la vivienda piden prisión para ellos, mientras que sus defensores exigen la absolución.
Ocho personas se enfrentan el próximo 30 de noviembre a un juicio oral con penas de hasta tres años y medio acusadas de presuntos delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia, coacciones y desórdenes públicos; a pesar de que los agentes que los detuvieron hablaron de “resistencia pacífica”. La Fiscalía ha pedido ocho meses de cárcel y dos de multa que, en caso de no pagarse, serían también de prisión. La acusación particular, CaixaBank, ha solicitado para los activistas hasta tres años y medio de prisión.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) ha exigido la absolución de las personas imputadas avisando de que acudirá hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es necesario, porque “el derecho a una vivienda digna se va a seguir defendiendo en Guadalajara“, ha subrayado su portavoz de comunicación, Nuria Ramos. Según su portavoz, con estas acusaciones se han vuelto a vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la protesta pacífica.
Sin embargo, las pruebas que podrían demostrar la acusación del banco no podrán ser aportadas en el juicio. “Tras la búsqueda de las referidas imágenes debemos informar al juzgado que las imágenes no se encuentran disponibles ya que fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”, informó Caixabank al juzgado.
Este hecho ha sido calificado por la defensa como una “destrucción de pruebas, que por su relevancia (grabación de las cámaras de seguridad en el momento de los hechos) cuestionan el relato de hechos probados que califica la acusación particular”, indican los abogados de la PAH.
“Resistencia pacífica”
Un proceso que es fruto de su detención, en diciembre de 2017, mientras trataban de negociar la paralización del desahucio de Paola y sus tres hijos en un acto de protesta frente a la oficina de CaixaBank en la localidad alcarreña de Cabanillas del Campo.
De este modo, los activistas se presentaron en la sucursal bancaria dispuestos a formalizar por escrito un acuerdo al que CaixaBank se había comprometido formalmente y que afectaba a unas veinte familias con hijos menores a su cargo para evitar su desahucio y facilitarles el trámite de un alquiler social, pero nada se cumplió, ha sentenciado Nuria Ramos.
Así, CaixaBank otorgó la gestión de esas viviendas habitadas a una gestora que comenzó a hostigar a las familias para que abandonaran sus hogares. Al acercarse la fecha del desahucio y no encontrar respuesta a esta situación, el grupo de activistas decidieron acudir a la oficina del banco y no salir de allí sin haber logrado por escrito el acuerdo verbal del banco. Poco después, las ocho personas acusadas eran trasladadas a los calabozos.
