La restricción a la Ley de nietos y recientes retrocesos en materia de memoria democrática pronostican un 29N que decidirá tanto el futuro como el pasado de nuestro país
El próximo 29 de noviembre, los españoles vuelven a las urnas. Quizás lo único en lo que concuerden será que, transcurrida la cita, habrá cambiado el rumbo del país. A la vez que sus ciudadanos dictan lo que quieren de su futuro, en estas jornadas escogerán también su pasado. Cabe, por ello, preguntarse quiénes velarán por su historia y quiénes vivirán del mito.
Los pasados meses, el éxito de La Bola Negra ha inspirado conversaciones sobre la memoria democrática en España. Sin embargo, Los Javis comparten la atención de las cabeceras con la Ley de Nietos, el nombre con el que se conoce una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.
Dicha norma permite obtener la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padres o abuelos españoles que la perdieron tras sufrir exilio por «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». Recuerda a la Ley 12/2015, aprobada bajo el primero gobierno de Mariano Rajoy. Del mismo modo, concede la nacionalidad a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en el siglo XV.
Ahora bien, el Tribunal Supremo ha marcado una clara diferencia entre estas normas. A comienzos de septiembre, el alto tribunal suspendió el derecho al voto de más de 163.000 españoles nacionalizados mediante la Ley de Nietos. Respondía, con ello, a la iniciativa de Vox y Iustitia Europa. Tal como sintetizó el periodista Juanlu Sánchez: «Sefardíes sí, nietos de la guerra no».
Este ataque al derecho al voto se suma a un movimiento internacional en contra del voto por correo. Desde Estados Unidos a la Italia de Giorgia Meloni, la derecha califica esta práctica de amenaza a la integridad democrática. El Tribunal Supremo, abanderando una defensa de «la pureza del censo electoral», simplemente hace eco de estas voces.
En clave nacional, la decisión se suma a otras que buscan cuestionar la integridad de la Ley de la Memoria Democrática aprobada en 2022. Cantabria, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares son regiones que, siguiendo un patrón calcado, han impulsado las llamadas «leyes de la concordia» frente a la LMD. Asimismo, la pasada semana el gobierno de Castilla y León anunciaba el vetado de las ayudas para la producción y distribución de proyectos «que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
La apertura hacia el pasado que representa el éxito de La Bola Negra contrasta, por tanto, con nuestra realidad material: la restricción a la Ley de nietos y continuadas amenazas a la LMD. Contrasta, también, el clamor a la españolidad y el pasado de la derecha, con la incuestionable lucha que se lidia contra su memoria. Será que no es historia, sino mito, lo que define esta versión de la españolidad. Y será esta la decisión que se tome ante las urnas el 29 de noviembre: una elección de nuestro futuro y también de nuestro pasado.
