El Generacional ha hablado con el sindicato a propósito de una manifestación en Madrid que pretende ser multitudinaria
Los precios del alquiler llevan años sumidos en una dinámica ascendente. En el caso de la comunidad de Madrid, los precios han encadenado en septiembre su décimo mes consecutivo al alza, según datos de Idealista. El precio del metro cuadrado ha rebasado por primera vez la barrera de los 20 euros, lo que supone, además, un incremento del 40,7 % desde septiembre de 2021.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, con este motivo, ha convocado una manifestación este domingo 13 de octubre. Los convocantes aspiran a «tomar las calles» contra los abusos que aseguran sufrir por parte de los caseros y los gobiernos. El Generacional ha entrevistado a Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, a propósito de la manifestación.
Las aspiraciones de la manifestación
Pregunta: El Sindicato de Inquilinas de Madrid está apostando fuerte por esta manifestación. ¿Qué impacto esperan crear a raíz de ella?
Respuesta: Queremos no solo una manifestación, sino un grito colectivo que exprese el hartazgo de los miles de personas que ya no podemos soportar la situación del alquiler. Esperamos que esto marque un punto de inflexión tanto en la movilización social como en la articulación de una respuesta contundente ante un bloqueo institucional que solo favorece a especuladores y caseros. En ese sentido, vemos la manifestación como el primer paso para demostrar que estamos organizadas y preparadas para pasar a la acción directa. El problema de la vivienda no se va a solucionar con promesas vacías, sino con acción colectiva.
P: ¿Qué considera que ha fallado en la Ley de Vivienda del 2022 para que el alza de los alquileres persista dos años después?
R: La ley no ha hecho más que perpetuar la especulación y el abuso en el mercado del alquiler. Desde su inicio, advertimos de que era insuficiente y que estaba mal diseñada. No incluía un régimen sancionador efectivo ni regulaba de forma estricta los alquileres temporales y turísticos. Dejó la puerta abierta a que los especuladores y los caseros esquivaran la ley sin consecuencias. Por eso decimos que los caseros son culpables, pero también los gobiernos son responsables, porque comunidades autónomas como Madrid han ignorado por completo su aplicación en la cuestión de la regulación de precios. En lugar de proteger a las inquilinas, ha servido para reforzar el sistema rentista.
El Sindicato de Inquilinas y sus reivindicaciones
P: ¿Han tratado de negociar alguna medida de forma bilateral con el colectivo de propietarios?
R: La única negociación posible es la que hacemos desde la organización colectiva, que es la que ha obligado a fondos como BlackStone a firmar contratos por el mismo precio o está obligando a Nestar a sentarse a negociar con nosotros las cláusulas abusivas. Nosotros vemos la negociación colectiva con los caseros como una cuestión de organización de los inquilinos.
P: Ustedes enfocan sus reivindicaciones como un «movimiento social», a pesar de que el cambio al que aspiran es principalmente económico. ¿Cómo se conjugan ambos espacios?
R: La lucha por el derecho a la vivienda no es tanto social como económica, porque afecta tanto a los derechos fundamentales de las personas como a la construcción de una sociedad donde la vivienda no sea un lujo. Nuestro sindicato denuncia las relaciones de poder que permiten que unos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría, y nos organizamos para cambiar estas reglas. El cambio económico que exigimos, como puede ser la bajada de precios o la recuperación de vivienda social, es inseparable de la justicia social que buscamos.
P: Madrid cuenta con los alquileres más caros de España, pero era la sexta autonomía por cantidad de apartamentos vacacionales en 2023. ¿Es tan prioritario reducir el número de pisos vacacionales?
R: Aunque Madrid no encabece la lista, el impacto que tienen en ciertos barrios es descomunal. Expulsan a las vecinas, hacen subir los precios del alquiler, transforman los barrios en parques temáticos para turistas… Todo ello, mientras unos pocos caseros se están llenando los bolsillos. Recuperar estos pisos para el uso habitual es una de las claves para solucionar la crisis de la vivienda en la ciudad. No va a solucionar todos los problemas, pero tampoco necesitamos más pisos para turistas, sino viviendas para familias que ya viven aquí y no tienen dónde quedarse, no solo en el centro, sino cada vez en más distritos.
Soluciones para la disminución de precios
P: Su sindicato ha propuesto regular también el alquiler por habitación. ¿No cree que ello contribuiría a flexibilizar el acceso a la vivienda?
R: Regular el alquiler por habitación es necesario, porque ha sido una salida para muchas personas que no pueden permitirse alquilar un piso completo. Sin regulación, esta opción se ha convertido en un terreno fértil para el abuso y la precarización de la vivienda. Flexibilizar el acceso a la vivienda no puede significar que las personas vivamos en condiciones indignas.
P: ¿Optarían por vincular el precio del alquiler de una vivienda a las condiciones económicas del inquilino?
R: Lo que está claro es que no puede ser que una persona tenga que destinar la mitad de sus ingresos al alquiler, como sucede actualmente. Sabemos que existen baremos a nivel internacional como el límite del 30 % del salario para los gastos del alquiler, lo cual garantizaría que nadie quede ahogado por el precio de la vivienda. Por eso defendemos la autorregulación de precios, porque sabemos que esto no se cumple en la mayoría de los casos. Si el mercado no se regula de manera justa, seremos nosotras las que tendremos que hacerlo.
P: Una de sus portavoces definió recientemente como especuladores a «cualquier persona que pretende ganar dinero con la vivienda». ¿También los caseros cuya única retribución sean las rentas de alquiler, y por tanto se desinteresen de la evolución del mercado, son especuladores?
R: Sí, cualquier persona que utiliza una vivienda como un medio para lucrarse está participando en la especulación, ya sea un pequeño casero o un gran fondo buitre. Si la vivienda es un derecho, no puede ser una fuente de ingresos para unos pocos. El problema de fondo es que hemos permitido que la propiedad inmobiliaria se vea como un negocio cuando debería ser un bien común. No importa cuántas propiedades tenga un casero: si gana dinero con el alquiler de una vivienda, está participando del sistema rentista que queremos erradicar. No va de diferenciar entre tipos de caseros, sino de entender las lógicas económicas que hay detrás de las relaciones del alquiler.
Zonas tensionadas
P: ¿La declaración de zonas tensionadas en Madrid es su objetivo? En Cataluña apenas se han percibido los efectos.
R: Podría ser un paso necesario, pero sabemos que no sería suficiente. Ya hemos visto que en Cataluña esta medida por sí sola no ha logrado el impacto esperado, porque ha permitido que los caseros sigan encontrando maneras de eludir la regulación y que los precios se mantengan. Nuestra lucha va más allá de esta declaración, porque queremos que los precios vuelvan a niveles de hace diez años, y ello requiere que bajen más del 50 %.
P: Ustedes han hablado de un grupo de presión que agrupa a las instituciones y a los propietarios, y que impide la solución del problema ¿Esa solución pasa por la intervención de precios?
R: No hay duda de que la intervención de los precios del alquiler es esencial. Es una medida a corto plazo que se podría aplicar de un día para otro y que aliviaría el sufrimiento de todos los que vivimos de alquiler. El lobby inmobiliario ha trabajado mano a mano con los gobiernos para bloquear cualquier intento real de solucionar la crisis habitacional porque su negocio depende de mantener los alquileres altos. Asval, la patronal inmobiliaria, está constantemente hablando como si fuera un problema de oferta y demanda, pero la intervención de precios es una medida urgente que permitiría a miles de familias dejar de estar a merced del mercado, y sin esta intervención, la crisis va a seguir empeorando.
Hacia una «huelga de alquileres»
P: Su sindicato ha propuesto una «huelga de alquileres». La sustentan en un solo precedente, en 1931 en Barcelona, pero ¿tienen constancia de que sea legal?
R: La huelga de alquileres no es una cuestión de legalidad, sino de legitimidad. La situación actual es tan insostenible que necesitamos desobedecer leyes que protegen la explotación, como hicimos con nuestra estrategia fundacional del «nos quedamos»: desobedecer las no renovaciones de contratos. En muchos países, la huelga de alquileres ha sido una herramienta legalmente reconocida, como en Estados Unidos y en Canadá, y es importante que nosotros defendamos que aquí debe serlo también. Pero es importante que reivindiquemos que la huelga de alquileres es una forma de resistencia frente a un sistema injusto que nos asfixia. Estamos dispuestas a desobedecer para forzar un cambio real como ya hicimos en Barcelona en 1931.
P: Ustedes afirman que «prepararán las acciones necesarias» justo después de la manifestación. ¿De qué acciones estamos hablando?
R: Nuestro siguiente paso es caminar hacia esa huelga de alquileres y expandir esa estrategia de autorregulación de precios. No podemos seguir esperando a que las instituciones hagan algo. Nos estamos preparando para organizar esta desobediencia colectiva y enfrentarnos a rentistas y especuladores, que no son nada sin nuestro dinero. Estamos organizando redes de apoyo mutuo, asesoramiento legal y resistencia para proteger a quienes se sumen a la huelga, como ya están haciendo 900 inquilinas frente al fondo buitre Nestar desde hace varios meses.
