El Derecho y la lucha activista son las dos grandes pasiones de la vida de Ángeles Blanco. Es una mujer lesbiana y con pluridiscapacidad, que trabaja como abogada en la Confederación ASPACE y en la Fundación CERMI Mujeres. Desde la abogacía y el activismo, Ángeles Blanco trata de concienciar a la población sobre las realidades que viven las personas con discapacidad.
Ángeles Blanco nos abre las puertas de su despacho en el barrio madrileño de Ciudad Lineal para contarnos su experiencia como abogada civilista. Su labor jurídica se basa en la defensa de los derechos de la personas con discapacidad, miembros del colectivo LGTBI, y familias monomarentales y diversas. Otra faceta destacada de su vida es el activismo por los derechos LGTBI de mujeres con discapacidad. De hecho, en 2023, Blanco fue galardonada con un Premio Pluma por luchar contra la estigmatización de este colectivo.
Pregunta: Una de tus principales reivindicaciones se resume en una frase que sueles decir a menudo. «A las mujeres con discapacidad nos atraviesa el género y muchas violencias que son invisibles». ¿Qué significa esa frase y cuáles son esas violencias invisibles que afectan a las mujeres con discapacidad?
Respuesta: En el caso de las mujeres con discapacidad, se ve antes la situación de discapacidad que la condición de mujer. Esto conduce a que socialmente se piense que el género no nos atraviesa igual que a una mujer sin discapacidad y no vivamos su misma violencia estructural. No obstante, las mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia de género. El 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido alguna situación de violencia de este tipo. Además, en discapacidades que generan más dependencia, la violencia sufrida es mayor. El 71,5% de las mujeres con parálisis cerebral han sufrido una situación de violencia a lo largo de su vida, siendo el 85,02% de esos casos de violencia sexual.
La Ley del Sí es Sí reconoce que la violencia de género no es sólo la que se da en el contexto de la pareja y expareja. También se incluye la violencia sexual. Una gran parte de las violencias sufridas por las mujeres con discapacidad no se da en el entorno de la pareja o expareja, sino que se da en el entorno familiar o en los centros en los que se encuentran las mujeres con discapacidad. De hecho, al estar rodeadas de personas con las que mantenemos un fuerte vínculo, en casos de violencia sexual o psicológica, no hay forma de salir de esos entornos por la dependencia física y económica que se tiene con los agresores.
Los movimientos feministas deberían tenernos más en cuenta para que se conozca más la realidad que nos atraviesa y nuestra agenda feminista propia. Por ejemplo, deberían conocer situaciones de agresores que descolocan los muebles de la casa para desorientar a mujeres con discapacidad visual, o la sobremedicación o inframedicación de mujeres con discapacidad psicosocial. Son cuestiones que llevamos poniendo de manifiesto mucho tiempo y se podían haber escuchado antes. Aunque a las mujeres con discapacidad nos ha costado ser integradas en los movimientos feministas, tras un trabajo de 40 años, llevamos dos manifestaciones del 8 de marzo seguidas en las que ocupamos pancarta inicial. Quiero ser justa y los feminismos se empiezan a acercar a esas realidades.
Labor como abogada en ASPACE
P: Actualmente, desempeñas tu labor como abogada civilista en la defensa de los derechos de la personas con discapacidad, miembros del colectivo LGTBI, familias monomarentales y diversas. ¿Cómo es tu día a día como defensora de los derechos de estos colectivos? ¿Cuáles son los tipos de casos o momentos más duros que tienes que vivir en tu trabajo?
R: Los casos más duros que llevo son los de violencia hacia mujeres con diferentes tipologías de discapacidad. Los agresores se prevalen siempre de la situación de discapacidad. Si la mujer tiene autismo, se vicia el consentimiento en ese sentido por la inflexibilidad y literalidad de esas mujeres. Muchas de esas mujeres no tienen un círculo social muy amplio, provocando que sientan la necesidad de no sentirse solas y les cueste alejarse de su agresor. Además, el proceso de acompañamiento de esas mujeres es muy difícil. Por ejemplo, es complejo explicar a una mujer con autismo que debe entregar al Juzgado los informes con sus datos privados sin que estos estén tachados.
Respecto a las mujeres sordas y sordociegas, existe una ley de 2007 que les da derecho a un intérprete de lengua de signos o guía intérprete en sede judicial. En la práctica, nos encontramos con cosas inadmisibles. En algunos casos de violencia de género de una pareja de personas sordas, el Juzgado establece un solo interprete para las dos partes enfrentadas. Esto impide que una mujer que no quiera ver a su pareja pueda ejercer su derecho.
En los casos de autismo o parálisis cerebral, se requiere una medida aprobada en 2021 que es el facilitador procesal, un profesional neutro que garantiza una comunicación bidireccional con la Administración de Justicia. Sin embargo, no hay un desarrollo reglamentario de la figura y no hay medios. Esto provoca que haya que recurrir al voluntarismo (si hay un facilitador presente) o a algo todavía peor que es tener que pagarlo. Naciones Unidas defiende la existencia del facilitador procesal, que ya se ha puesto en marcha en Canadá, Nueva Zelanda, los países nórdicos o Reino Unido. En España, no nos planteamos la posibilidad hasta 2021. Antes de eso, en España, se ha llegado a enviar a prisión a personas con discapacidad intelectual sin que supieran porque estaban imputadas.
Hay muchas cosas que mejorar. Hay episodios de mujeres que son agredidas por personas muy cercanas y no se las puede sacar de su propio entorno porque muchas casas de acogida no están adaptadas. Además, las mujeres que reciben prestaciones públicas, al estar vinculadas a la unidad de convivencia, pierden esas prestaciones por salir del hogar en el que son maltratadas.
P: También ocupas el cargo de Delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia de Confederación ASPACE. ¿Cuáles son tus funciones en ese cargo y cómo ayuda ASPACE a las personas con discapacidad?
R: El programa de derechos de ASPACE es muy grande y tiene cuatro ejes. El primero es la formación porque las personas con parálisis cerebral y sus entornos no conocen sus derechos y no se plantean ejercerlos. Por ejemplo, si cojo un autobús y no funciona la rampa en tres autobuses seguidos, estas personas deben saber que, en localidades como Madrid, el Ayuntamiento debe pagar un taxi adaptado a la persona con discapacidad. También les explico a qué prestaciones tienen derecho y cómo deben tomar sus decisiones económicas.
Otra función es la asesoría jurídica. La Confederación ASPACE presta atención a las medidas de apoyo. Muchas pueden no llegar a toda la población que las necesita y otras medidas de apoyo están sobredotadas. También nos encargamos de analizar la discriminación que se da hacia la persona con discapacidad en todas las esferas de la vida.
También llevo la incidencia política. Cuando hay alguna norma que no responde a la realidad, lucho para cambiarla. Por ejemplo, a la hora de aprobar una oposición, a las personas con parálisis cerebral se les pide un informe de actitud favorable para poder desarrollar físicamente las labores del trabajo. Esos informes dan todos negativos. Deberían valorar la capacidad decisoria de las personas con parálisis cerebral porque, si no, no podrán trabajar.
Lucha anticapacitista y últimos cambios legislativos
P: ¿Cuáles dirías que son los principales ejes de la lucha anticapacitista?
R: Para mí, lo principal es que nuestra situación no está normalizada. Cuando piensas en una persona con discapacidad, piensas en una persona minusválida. Tienes que estar demostrando constantemente que vales lo mismo que una persona sin discapacidad. Si se insertan laboralmente, se piensa que una persona con discapacidad va a estar más de baja o enferma que el de enfrente, cuando es todo lo contrario. Una persona con discapacidad valora tanto el trabajo que va a dar veinte veces más que una persona sin discapacidad.
Recibimos condescendencia e infantilización por desconocimiento. Un desconocimiento en el que las propias personas con discapacidad deben asumir su parte. No podemos pretender que la sociedad se acerque a nosotras, si nosotras no nos acercamos a la sociedad. Eso sí, no hay una mirada normalizada hacia nosotras. Si nos centramos en la sexualidad, se produce una infantilización constante o una hipersexualización. Nuestra sexualidad es normal y más sana porque no tenemos una mirada tan coitocentrista y los afectos importan mucho más.
A nivel académico, se nos muestra como un ejemplo de superación, superhéroes o personas que podemos con todo. ¿Pero, hay que superar algo? Si yo tengo una circunstancia vital, como tendrás tú otras. Son ideas muy dañinas porque se nos pone un peso encima enorme. Si no podemos con todo, no estamos demostrando que somos iguales o mejores.
P: A pesar de las recientes campañas elaboradas por Down España, un 95% de las personas con síndrome de Down no logran encontrar trabajo ¿Cuál es la solución para que las empresas o el Estado fomenten una mayor contratación de personas con discapacidad?
R: Sólo trabajamos el 26,4% de las personas con discapacidad y no llega al 1,5% las personas con discapacidad que trabajamos fuera de centros especiales de empleo. Además, la perspectiva de género provoca que las mujeres con discapacidad se vean también afectadas por la parcialidad, el techo de cristal y la brecha salarial. Determinadas tipologías de discapacidad como el síndrome de Down, el autismo, la parálisis cerebral o la discapacidad psicosocial se ven más afectadas por la falta de empleo que la sordera o la ceguera (que superan el 50% de inserción laboral). Las personas con discapacidad que se acaban insertando son las que pueden hacer las cosas por sí mismas y cuya discapacidad no sea muy limitante.
La creciente oleada de empleo del Ministerio de Trabajo no ha corregido los problemas laborales de las personas con discapacidad. Las cifras de población activa se mantienen muy similares desde hace una década. Las personas con discapacidad no están en el trabajo ordinario porque la cuota de inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad en ese trabajo ordinario es de un 2%. Somos un 10% de población con discapacidad. Me pregunto dónde está el otro 8%.
Esa cuota del 2% sólo es obligatoria para empresas con más de 50 trabajadores (que son el 1,1% del total). Esas empresas acaban teniendo dos opciones: cumplir las cuotas de inserción o donar dinero a cualquier organización de la discapacidad. ¿Cómo se va a corregir la situación bajo este prisma?
P: Tras la reciente eliminación del término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución, la erradicación de la incapacitación judicial en 2021 y la eliminación del despido automático por discapacidad sobrevenida, ¿cuál es el siguiente gran debe respecto a los derechos de las personas con discapacidad?
R: Creo que hay que repensar la Ley de Dependencia. Hay que hacerla girar no tanto hacia la dependencia sino hacia la promoción de la autonomía. Si nos centramos en la dependencia, vemos a la persona como alguien que necesita cuidados. Si lo vemos desde la promoción de la autonomía, se ponen apoyos para que las personas con discapacidad estén incluidas.
La Ley de Dependencia debe dotar en condiciones las medidas de apoyo que ofrece. Por ejemplo, la media de asistencia personal en España es de 13 horas a la semana por persona, insuficiente para ciertos perfiles de discapacidad.
También hay que eliminar incompatibilidades. Si una persona con discapacidad está en una solución habitacional (pisos, unidades de convivencia, servicios residenciales), no va a poder actualmente trabajar.
Cuando se hizo la ley, se mezcló la discapacidad y los mayores. Podemos tener cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias y no se observaron esas particularidades. Si no respetamos el principio de equidad (dar a cada cual lo que necesita), nunca habrá inclusión.
Afortunadamente, la lucha del movimiento de la discapacidad ha cristalizado y, hoy en día, el despido por discapacidad sobrevenida no es posible jurídicamente. Para mí es motivo de especial alegría, ya que esto fue lo que me pasó a mí cuando me despidieron.
La necesaria conquista de diversos derechos fundamentales
P: En 2021, realizaste una publicación en ASPACE hablando sobre el derecho a la sexualidad de las personas con parálisis cerebral. A raíz del discurso que dio Telmo Irureta en los Goya de 2023 sobre el derecho al sexo, se generó una fuerte polémica. ¿Crees que es lo mismo el derecho al sexo que el derecho a la sexualidad?
R: Creo que el discurso de los Goya planteó una situación que se necesitaba expresar, que son los cuerpos diversos y el derecho a la sexualidad. Fueron más polémicas las declaraciones posteriores. El sexo no es un derecho, es un deseo. Desde esa lógica, hay que mirar de frente a la realidad de diferentes tipologías de discapacidad que necesitan más apoyos. ¿Por qué no vamos a mirar de frente a esa parte tan esencial de la vida como es el desarrollo de la sexualidad en términos de igualdad?
La asistencia sexual en clave de género permite a las personas con discapacidad desarrollar su sexualidad, pero los asistentes no masturban ni mantienen relaciones sexuales con esas personas. La base de un asistente sexual en clave de género es la formación en derechos sexuales y reproductivos, el autoconocimiento del cuerpo y el autodisfrute. En ese autodisfrute, hay que adaptar todos los productos de apoyo a la masturbación y vibradores a la situación de discapacidad para que puedan ser accionados por la propia persona con discapacidad.
El asistente se va a encargar también de desvestir y situar a las personas en la postura que necesiten. También se encarga de colocar los métodos barrera a personas con menor psicomotricidad. Esto hay que mirarlo de frente porque, si no, se corta de raíz el derecho a la sexualidad a unas personas por haber nacido de una determinada manera. Pero, no podemos hablar del derecho al sexo.
P: Respecto al tema de la segregación de personas con discapacidad, uno de cada cinco niños con discapacidad acaba escolarizado en un centro de educación especial ¿Consideras que esa segregación es la mejor opción para esos niños o los centros educativos no especiales deberían dar mayores medidas de apoyo?
R: Creo que hay que tender totalmente hacia la educación inclusiva y que infancias y juventudes con y sin discapacidad estudien juntas. Creo que el abordaje de la LOMLOE no es del todo correcto. Las aulas especializadas en colegios ordinarios son más segregadoras que el modelo anterior. Ahora las personas con discapacidad estudian en los mismos espacios solo de cara a las cifras, pero el desarrollo académico se hace de forma separada.
Se necesitan muchos medios en los centros de educación ordinaria como los auxiliares técnicos-educativos que ayudan a algunos alumnos con discapacidad a tomar apuntes, pasar las hojas de sus libros o acudir al recreo o baño. En el caso de las personas que no tienen comunicación oral, la maestría de audición y lenguaje es fundamental y solo está entre 3 y 4 horas a la semana. También necesitamos pedagogía terapéutica que aporte adaptaciones curriculares en los temarios para personas con discapacidad intelectual.
Al abandonar la educación ordinaria, los alumnos no tienen ni siquiera derecho a las medidas de apoyo anteriores. La LOMLOE regula la educación ordinaria, pero ¿qué pasa con la formación profesional y universitaria? Estos recursos de la educación ordinaria ni si quiera están, con lo cual te ves obligada a dar las clases online o dejar de estudiar.
Las personas con discapacidades de niveles muy grandes que tienen una capacidad madurativa de 1 a 3 años, requieren el uso de respirador, tienen atragantamientos múltiples o comen por sonda deberían estar en centros sociosanitarios para la infancia. No sirve de nada llevar estos perfiles a un aula ordinaria porque se puede producir una exclusión social. Su inclusión está en espacios mucho más reducidos.
P: ¿Cuál es la situación actual de los Centros de Atención a las Personas con Discapacidad en nuestro país? ¿Hay unos correctos medios y un buen ambiente en esos lugares?
R: El tamaño de los centros siempre importa y la filosofía que tienen detrás también. En los lugares que están las personas con discapacidad, ellas deben ser las que decidan sus horarios, personas con las que compartan la habitación… En ASPACE, llevamos tiempo haciendo un trabajo de desinstitucionalización muy importante.
Existen también centros en los que la persona con discapacidad tiene que acoplarse a la situación de la organización. Cuanto menos personal tenga la organización, más se dan estos casos. Sin una actuación flexible, no damos respuesta a la heterogeneidad de perfiles de personas con discapacidad. Para mí, como en la mayoría de los centros de ASPACE, no se deben superar las 20 o 30 plazas. Pero, he visto centros públicos de la Comunidad de Madrid con 3 plantas y más de 100 plazas.
También debe haber unidades de convivencia para todas las discapacidades. En los casos de personas de discapacidad múltiple, se necesitan ratios de 2 trabajadores para unidades de convivencia de 5 personas.
P: Muchas mujeres con discapacidad como Sinéad Burke o Jillian Mercado han empezado a formar parte de diversas campañas de moda. No obstante, ¿cuáles crees que son los grandes retos pendientes que tiene el mundo de la moda para tener una actitud inclusiva con las personas con discapacidad?
R: Está muy bien que empecemos a desfilar para normalizar y visibilizar la belleza de diferentes cuerpos. Además, esto provoca que se empieza a inculcar al sector de la moda la idea de que las personas con discapacidad existen. Somos un 10% de la población. Pero, comprar ropa adaptada a la situación de discapacidad bonita y económica es una quimera. Los precios son alucinantes y hay muy poco hecho. Todavía se nos ve como una población que no va a ser rentable.
Activismo LGTBI
P: También eres activista LGTBI y fuiste víctima de un delito de odio por tu orientación sexual. ¿Crees que el odio hacia el colectivo LGTBI está aumentando?
R: Están creciendo los delitos de odio porque se están legitimando los discursos de odio. A nivel político, hay un partido que naturaliza y normaliza ese tipo de discurso en las esferas democráticas, o una Comunidad de Madrid que se opone a la Ley Trans estatal. Antes, había cosas que ya no se decían y ahora se dicen nuevamente. Esto es muy preocupante y el Pacto de Estado contra los delitos de odio debe salir adelante.
Cuando la Ley Trans se aprobó y parte del feminismo la recibió como la recibió, se produce un aumento de los discursos de odio que se traduce en cifras. Creo que las dos perspectivas del feminismo respecto a la transexualidad no son irreconciliables. La transfobia en el feminismo parte de un desconocimiento de la realidad. Simone de Beauvoir decía que la mujer no nace, si no se hace. La actual oposición biologicista y transexcluyente no responde a esto y considera que la mujer trans que se ha operado performa el género, cuando todas las mujeres performamos el género. No podemos ser tan insensibles para ignorar la opresión que viven las mujeres trans. Todos los derechos humanos no se pueden dejar de pelear. Si se dejan de pelear, se pierden. Estas situaciones deben unirnos como movimiento.
